Los acontecimientos de Rusia en 1917 tuvieron un enorme impacto. La dinastía Románov desapareció de la noche a la mañana. Unos meses después, los bolcheviques tomaron el poder, en el cambio más súbito y amenazante que conoció la historia del siglo XX.
1914. 2 de agosto
Nicolás II lanza a su Ejército y a su pueblo a la guerra contra Alemania y Austria-Hungría. La guerra fue desastrosa y muy pronto derivó en una carnicería, con 15 millones de hombres movilizados, de los que, a finales de 1916, casi la mitad habían resultado muertos, heridos de gravedad o prisioneros de guerra.
El zar Nicolás II y familia, antes de su abdicación el 2 de marzo de 1917.
1917. 2 de marzo
El zar abdica después de que las movilizaciones sociales, iniciadas en febrero en Petrogrado (San Petersburgo, capital rusa), resultaran imparables. Era la culminación del descontento y de la crisis de autoridad que se había propagado, de forma creciente, durante la Gran Guerra. De golpe, todo el edificio del Estado ruso se desmoronó.
1917. 3 de abril
Regreso de Lenin a Rusia. Lenin llegó del exilio a la estación Finlandia de Petrogrado la medianoche del 3 de abril de 1917, y fue recibido como un héroe por obreros y soldados. Al día siguiente presentó en público sus Tesis de Abril, el programa de una nueva revolución que transferiría el poder “al proletariado y a los campesinos más pobres”.
Ciudadanos de San Petersburgo, en los primeros días de la revolución.
25 de octubre de 1917
Conquista del poder por los bolcheviques. El 24 de octubre por la tarde Trotski dio las órdenes finales para el golpe. Kerensky y las autoridades militares de Petrogrado buscaron en vano el apoyo de tropas leales. A las diez de la mañana del 25, Lenin escribió el anuncio del derrocamiento del Gobierno y de que el poder del Estado había pasado al sóviet de Petrogrado.
7 de diciembre. Creación de la Checa. La nueva policía del Estado bolchevique, la Comisión Extraordinaria Rusa para el Combate contra la Contrarrevolución y el Sabotaje, conocida como Checa, fue un Estado dentro del Estado para destruir a sus enemigos, silenciar a sus críticos y eliminar toda forma de oposición política y cultural.
León Trotski, que dio las ordenes finales para el golpe, en una imagen con sus guardaespaldas.
1918. 6 de enero
Cierre de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente abrió sus sesiones en la tarde del 5 de enero de 1918 en el palacio Táuride. Al día siguiente, los bolcheviques ordenaron su disolución. Solo la fuerza los podría echar. La guerra civil determinaría el futuro de Rusia.
3 de marzo. Firma del Tratado de Brest-Litovsk. Si los bolcheviques querían conservar el poder y salvar su revolución, tenían que negociar una paz con los poderes centrales. Esa paz en el frente sirvió a los bolcheviques para poder concentrarse en otra guerra que empezaba entonces, la lanzada por el Ejército Blanco.
1918-1921. Guerra civil entre los bolcheviques y los contrarrevolucionarios. Tras duros combates y buenas dosis de terror en la retaguardia por parte de los dos bandos, la guerra acabó con la derrota del Ejército Blanco. El triunfo permitió a los bolcheviques retener el poder y aplastar, al mismo tiempo, muchas de las aspiraciones y libertades populares.
Iósif Stalin y Vladimir Lenin, en 1919.
1918. Noche del 16 al 17 de julio
Toda la familia real es asesinada por miembros de la Checa de Yekaterimburgo en el sótano de una casa confiscada a Nikolái Ipátiev, un hombre de negocios. Los cuerpos fueron enterrados cerca de la casa, aunque el lugar exacto de las fosas no se descubrió hasta después de la caída del régimen soviético.
1924. 21 de enero
Muerte de Lenin. La idea muy extendida de que Stalin, al implantar después su régimen de terror, traicionó a Lenin y a la revolución contrasta con la de los historiadores que sostienen que los elementos básicos del régimen estalinista estaban ya presentes en enero de 1924. Sobre el terror y la violencia que prevalecieron en Rusia durante la revolución y la guerra civil se levantó el posterior régimen estalinista. La revolución, la guerra civil, el terror, el hambre y las enfermedades causaron 10 millones de muertos entre 1917 y 1922.
Julián Casanova es historiador. Su libro La venganza de los siervos. Rusia 1917 (Crítica) se publica el 27 de abril.
Dos años después de que el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden destapara las prácticas de espionaje masivo en Estados Unidos, el Congreso recortó esta semana, por primera vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, los poderes de la NSA, que controla las comunicaciones electrónicas de los estadounidenses. Pero durante este tiempo no todos los Gobiernos han caminado por esta senda. Varios países han continuado aprobando leyes que amplían poderes en lo que a la vigilancia masiva se refiere. Un informe publicado este viernes por Amnistía Internacional recoge algunas de las normas aprobadas por Estados como Francia, Reino Unido o Pakistán.
• Reino Unido.El Gobierno británico aprobó en julio de 2014 una legislación de urgencia para la Retención de Datos y Poderes de Investigación. De esta forma, el Ejecutivo de David Cameron cubrió el vacío legal a raíz de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que declaró ilegal la directiva según la cual los operadores de telecomunicaciones eran obligados a guardar durante un mínimo de 12 meses algunos datos de sus clientes. Concretamente, cuándo, dónde y con quién se comunicaban —aunque no el detalle de dichas comunicaciones—. Los llamados metadatos. La legislación, que estará vigente hasta 2016, tiene el objetivo de impedir que las compañías destruyan los datos acumulados.
“En directa contradicción con la sentencia, la legislación británica también amplía el alcance de los poderes de interceptación de Reino Unido al permitir que el Gobierno exija a las empresas con sede fuera del país que cumplan con las órdenes del Ejecutivo”, indica Amnistía Internacional en su informe.
• Francia. Solo tres meses después de los atentados yihadistas que en enero mataron a 17 personas, el Gobierno aprobó un proyecto de ley sobre servicios de información. La nueva legislación permite a los servicios secretos contar con una amplia cobertura legal en la interceptación de comunicaciones, así como el acceso a las bases de datos y a las redes. También otorga más facilidades a la hora de obligar a las compañías a entregar información. Los operadores de Internet, los buscadores, las redes sociales y las empresas que alojan bases de datos deberán comunicar a los servicios secretos las actividades de usuarios sospechosos de terrorismo o de espionaje. “Con el fin de impedir el terrorismo, el proyecto de ley obliga a los proveedores de Internet a colocar cajas negras en su infraestructura para el registro de metadatos. También permite a los agentes de seguridad hackear ordenadores y teléfonos móviles, rastrear localizaciones y espiar correos electrónicos y otras comunicaciones de quien se considere que podría estar en contacto con sospechosos”, explica el informe de Amnistía. Las acciones a las que se refiere la legislación francesa podrán realizarse sin necesidad de control judicial. “Esto es lo más controvertido”, señala la organización.
“La legislación permite que el primer ministro autorice medidas de vigilancia para otras metas no definidas como ‘promover intereses esenciales en política exterior’ e impedir ‘cualquier forma de injerencia extranjera’. No está claro a qué se refieren estos términos vagos, y la preocupación reside en que puedan ser utilizados por razones que a menudo no tendrán que ver con evitar delitos”, continúa Amnistía. Pero, según la organización, “uno de los aspectos más preocupantes” de este proyecto de ley es que “no dice nada acerca de las técnicas de vigilancia que podrían ser utilizadas. Este silencio abre una vía a la vigilancia arbitraria e indiscriminada de los ciudadanos”.
• Pakistán. En abril de 2015 la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley de cibercrimen “que expandía drásticamente los poderes de vigilancia del Gobierno”, expone la organización. Esta norma aún debe ser aprobada por el Senado. Pero, si consigue el visto bueno, la nueva ley obligará a que los proveedores de Internet retengan durante un mínimo de un año datos telefónicos y de las comunicaciones por correo electrónico de los ciudadanos. Además, el proyecto de ley permitiría que el Gobierno comparta “unilateralmente” los datos con otros servicios de inteligencia, incluyendo a la NSA, “sin necesidad de autorización judicial”, recoge Amnistía.
“El proyecto de ley otorga amplios poderes, que están insuficientemente definidos, para ‘incautar’ datos (algo descrito en la legislación como ‘hacer una copia de los datos’), pero no especifica los procedimientos para ello. Al dejar este asunto a discreción del Gobierno, la ley falla a la hora de establecer reglas claras y accesibles, en línea con los estándares de los derechos humanos”, critica Amnistía Internacional.
• Suiza. Dos proyectos legislativos están siendo actualmente examinados, se indica en el informe. Esta legislación “proporcionaría a las autoridades suizas nuevos poderes en cuanto a la vigilancia invasiva”. Una de las normas dará a los servicios de inteligencia competencia “para interceptar comunicaciones a través de los cables de Internet que atraviesan el país”. La otra obligará a los proveedores de telecomunicaciones a retener metadatos de las comunicaciones durante 12 meses.
• Holanda. El Gobierno ha propuesto actualizar su ley de inteligencia y servicios de seguridad. “El Ejecutivo propuso que los agentes de inteligencia tengan acceso a los cables de Internet que pasan por el país. Esto allanaría el camino para la interceptación indiscriminada y la recogida y almacenamiento de datos de telecomunicaciones, sin que esta información pertenezca a una persona, grupo o a una localización específica o se base en una sospecha razonable”, explica Amnistía Internacional. La legislación será presentada en los próximos meses, continúa la organización.
• Finlandia. La presión política también está creciendo en Finlandia para que se establezca un sistema de vigilancia. “En enero de 2015, un grupo de trabajo del Ministerio de Defensa propuso que la nueva legislación otorgue amplios poderes para la vigilancia de las comunicaciones”, indica el informe.
