Argentina pierde cada año sumas millonarias por la pesca ilegal y no regulada en el Atlántico Sur. Cientos de embarcaciones pesqueras faenan pocos metros más allá de las 200 millas de su costa, donde termina la zona económica exclusiva de pesca del país austral y empiezan aguas internacionales. Rastrean los cardúmenes de peces con dispositivos electrónicos y a veces penetran ilegalmente en aguas argentinas durante la persecución, aún a riesgo de ser descubiertas. El último atrapado in fraganti fue el pesquero español Playa Pesmar Uno. Lo detuvieron el pasado domingo por haber lanzado sus redes 400 metros dentro del límite argentino y permanecerá inmovilizado hasta pagar la sanción, que puede ser de hasta diez millones de pesos (40.000 euros).
Hace un año, un buque chino corrió peor suerte: fue hundido a tiros tras reiteradas advertencias de un guardacostas al que intentó embestir. Otras dos embarcaciones que también estaban en aguas argentinas lograron escapar. “No ocurre frecuentemente, pero son incidentes que se registran todos los años”, admite Favio Cambareri, administrador del puerto patagónico de Comodoro Rivadavia, donde está varado el Playa Pesmar Uno y sus 34 tripulantes. El barco, de 63 metros de eslora, tenía en sus bodegas 320 toneladas de merluza, abadejo, pota y raya. En su defensa, la armadora española asegura que traspasaron la frontera “por error”, debido a una desviación en uno de sus tres GPS.
Fuerzas de seguridad policiales y militares vigilan por cielo y mar que no haya pesca ilegal dentro de los límites argentinos, pero los recursos son insuficientes. Son más de 5.000 kilómetros de litoral. “Tenemos seis guardacostas grandes, de 60 metros, y cuatro aviones”, detalla el titular de la Prefectura Naval Argentina de Comodoro Rivadavia, Humberto Huanau. “Nuestra función es básicamente preventiva”, señala.
Un avión sobrevuela la ‘ciudad de barcos pesqueros’ en la frontera de la zona económica exclusiva argentina. Télam
La Armada también colabora con esta fuerza policial y la misión del submarino ARA San Juan desaparecido incluía el control de la pesca ilegal. En esta época del año los esfuerzos se centran en el área donde fue apresado el arrastrero español. Alrededor de 400 barcos, en su mayoría asiáticos, se reúnen allí en busca de pota (Illex argentinus), un cefalópodo parecido al calamar. Por las noches, asemejan una ciudad flotante. Cada luz es una embarcación que atrae con potentes focos a sus presas y tiende líneas de anzuelos múltiples, que suben y bajan para pescarlas.
Los barcos que faenan en lo que se conoce como milla 201, es decir, en aguas internacionales pero al límite con las argentinas, son cada vez más. “En el año 2001 había unos 150. En los últimos años han llegado a operar hasta 600. Hay cada vez más barcos y menos pesca”, dice Milko Schvarztman, especialista en conservación marina y excoordinador de Océanos de Greenpeace. “El calamar, junto al plancton, es una de las columnas vertebrales del Atlántico Sur. Más del 50% de la dieta de la merluza es calamar y también es alimento de delfines, cachalotes y aves marinas. La pesca sobre esta especie tiene un impacto sobre toda la cadena alimentaria”, denuncia.
Aunque el ecosistema marino argentino sufre las consecuencias de la depredación de recursos, el Gobierno no puede actuar en aguas internacionales. Pescar allí es legal, incluso si gran parte de la flota presente incumple normativas ambientales, laborales ni sanitarias. “El problema va más allá de la captura pesquera. Están permanentemente contaminando, tirando petróleo y basura”, advierte Schvarztman.
La situación se repite en todo el mundo, pero en el Atlántico Sur están dadas las condiciones para la tormenta perfecta. Hay una disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas que impide la existencia de un organismo de supervisión común, como el que opera en otras áreas marítimas. Y los grandes buques pesqueros pueden cargar y descargar a muy bajo coste en Montevideo, que es un puerto franco.
Desde el Ministerio de Agroindustria se negaron a responder a las consultas de este diario sobre el impacto de la pesca ilegal y no regulada. Argentina ingresó el año pasado 1.959 millones de dólares por la exportación de pescado y marisco elaborado y sin elaborar, pero el valor de la pesca realizada más allá de la milla 200 ronda los mil millones, según estimaciones de los especialistas. Cuatro países concentran más del 70% de las capturas en la zona: China, Corea del Sur, Taiwán y España.
Darío Sócrates, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), destaca que la pesca ilegal “es un problema de larga data que el Gobierno argentino, con altibajos, intenta controlar”. Según Sócrates, los mayores problemas se originan con la pesca de pota, donde “existe mucha flota extranjera concentrada en el límite de la zona exclusiva”, y con la de merluza de cola y merluza negra, que “se pescan muy al sur, a gran profundidad, y se sabe que existen incursiones ilegales de distintos países”.
En Argentina operan 1.020 barcos pesqueros con licencia, según los últimos datos oficiales. Pero la mayoría pesca a menos de cien millas de la costa porque no les resulta rentable ir hasta aguas internacionales ni siquiera en temporada alta de pesca de cefalópodos. Las empresas argentinas deben someterse a las normativas laborales nacionales, muchísimo más estrictas que las de los países asiáticos, tienen prohibido el transbordo en alta mar y no reciben subsidios a la pesca, entre otras desventajas competitivas, como el tipo de cambio. La Organización Mundial de Comercio estuvo a punto de prohibir los subsidios que favorecen la pesca ilegal en su última cumbre, celebrada en Buenos Aires, pero el acuerdo se cayó a última hora y se aplazó hasta 2019.
“La pesca en Argentina tiene muchos problemas, pero comparado con los de la pesca en la milla 201 son mínimos”, dice Schvartzman. Después de la sobreexplotación pesquera de los 90, que provocó una caída de las capturas, se impusieron cuotas, mayores controles y la actividad se ha recuperado. El retroceso de la merluza se ha visto paliado en los últimos años por capturas récord de langostino, una especie de mayor valor comercial, señala Fernando Rivera, presidente de la Cámara de industrias Pesqueras de Argentina.
Sólo el 10% de lo que los argentinos capturan en el Atlántico Sur va a sus mesas. Comen 7,2 kilos de pescado per cápita en todo un año, mientras que en carne vacuna superan los 57 kilos anuales. Pero empujado por el crustáceo, este país con fama mundial por su carne roja vive una situación anómala: las exportaciones de pescados y mariscos superan desde hace tres años a las de carne y sus preparados: 1.959 millones de dólares frente a 1.934 en 2017. Una mina de oro que vale la pena proteger.
Argentina ha capturado por faenar “ilegalmente” un pesquero español que llevaba en sus bodegas 320 toneladas de piezas procesadas y frescas de merluza, abadejo, calamar y raya, “evaluadas en una suma millonaria”, ha anunciado este domingo (madrugada española) el Ministerio de Seguridad argentino. El barco, con base en el puerto de Marín (Pontevedra) y propiedad de la empresa gallega Grupo Pesmar (cuya matriz es Pesquerías Marinenses), tenía como puerto de destino Montevideo. El capitán del buque ha sostenido que en todo momento se encontraba en aguas internacionales.
Se trata del buque Playa Pesmar Uno, un arrastrero de 63 metros de eslora y 12,50 de manga, que llevaba 34 tripulantes a bordo en el momento de ser apresado en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) por el guardacostas GC 27 Fique, en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia.
Nuestro guardacostas Fique escolta hasta el puerto de #ComodoroRivadavia al pesquero español que fue capturado en nuestro Mar Argentino. Seguiremos trabajando para proteger nuestros recursos naturales. pic.twitter.com/C0kxU8BXZr
“Un guardacostas de la Prefectura Naval, autoridad marítima argentina, capturó la mañana del domingo al buque Playa Pesmar Uno, de bandera española pescando ilegalmente en el Mar Argentino, a la altura de Comodoro Rivadavia”, 1.800 km al sur de Buenos Aires, se añade en el comunicado. La captura del buque español se enmarca en “los operativos para la protección de los recursos pesqueros dispuestos por el ministerio de Seguridad y que lleva adelante la Prefectura”, agrega.
El pesquero interceptado, de bandera española, había partido de Montevideo, la capital de Uruguay, el pasado 11 de enero y fue detectado por la Prefectura Naval mientras faenaba “ilegalmente” en mar argentino, añadió la citada fuente.
El personal de Prefectura Naval estableció comunicaciones por radio con el capitán del pesquero, con el objeto de que detuviera su navegación y no levantara la red de pesca que tenía desplegada en el mar. El pesquero acató las órdenes de inmediato.
“Con las fuerzas federales trabajamos para proteger los recursos que son de todos los argentinos”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un comunicado remitido a Efe en el que agregó que el Gobierno argentino va a “seguir fortaleciendo” su presencia en las aguas “para brindar seguridad y para garantizar el cumplimiento de la ley”.
El Gobierno argentino iniciará un sumario administrativo a la empresa del pesquero español capturado este domingo por faenar ilegalmente en aguas del país austral para el pago de una multa que podrá oscilar entre los 5 y 10 millones de pesos, equivalentes a entre 256.703 y 513.406 dólares. El buque quedará retenido en Argentina hasta que los armadores satisfagan la multa.
La armadora sostiene que le asiste el Derecho Marítimo Internacional para poder navegar por esas aguas sin pescar. De ello informa la Asociación Española de Titulados Náutico Pesquera (Aetinape) en un comunicado, en el que apunta que “el buque pesca en Malvinas, pero descarga en Uruguay, por lo que es normal que se aborde la ruta del traslado en línea recta sobre aguas argentinas”.
Sobre esta actuación, Aetinape ha acusado a Argentina de “volver a usar a un barco español como rehén para mejorar la imagen interna de su gobierno”. Por ello, considera que la UE “debería utilizar su fuerza financiera para obligar” al país austral a “mitigar sus acciones populistas” contra embarcaciones que “pescan legalmente en el Atlántico Sur”.
El pesquero pertenece a la empresa Grupo Pesmar, que engloba a las sociedades anónimas Pesquerías Marinenses (armadora de buques), Pesmarín, Pesmar y Safricope (plantas frigoríficas y comercialización), que mueve anualmente “más de 25.000 toneladas de productos congelados”.
La propia compañía se define como armadora de buques congeladores arrastreros “que faenan en caladeros del Atlántico norte y sur. La firma tiene cuatro barcos en la zona, en el llamado caladero de aguas internacionales de las Islas Malvinas (Falklands), donde pesca brótola, calamar, merluza, rosada, róbalo o nototenia, entre otras especialidades. El barco apresado figura a nombre de Pesquerías Marinenses.
El consulado español en la ciudad argentina de Bahía Blanca está pendiente de la situación del buque para prestar asistencia consular cuando sea necesario.
